La asociación Voces Contra el Terrorismo, personada en la causa contra los profesores de la UPV, Xabier Aierdi y Enrique Antolín, acusados de prevaricación, ha pedido la inhabilitación de los mismos por intentar “repartir títulos” entre terroristas de ETA.

Redacción VCT.- Este miércoles ha quedado vista para sentencia la causa contra los dos docentes de la Universidad del País Vasco, acusados de un delito de prevaricación por permitir estudiar en la universidad a los etarras Ángel Lete Echaniz, deportado en Cabo Verde, y a Belén González Peñalva, deportada en la República Dominicana.

La acusación, ejercida por la Fiscalía y la asociación Voces Contra el Terrorismo, ha solicitado nueve años de inhabilitación por entender que los profesores acusados “mantenían a los dos deportados en un programa que no les correspondía y que se limitaba a los presos”. VCT ha denunciado serias irregularidades en la matriculación y admisión de los terroristas “que no pueden quedar impunes”.

Además, Voces Contra el Terrorismo ha recordado que en la causa “ni son todos los que están ni están todos los que son”, en referencia a otros implicados en el caso que no están imputados en la causa. “Ambos profesores intentaron repartir títulos a miembros de la organización terrorista ETA puesto que no ha existido control del alumnado al incluir a los deportados en el protocolo específico para alumnos que no podían acudir a examinarse de forma presencial”, manifestó la acusación de VCT en la vista oral, incidiendo en que “los trabajos presentados por los terroristas los podría haber hecho cualquier al no existir control alguno”.

El trato de favor que recibieron los terroristas en la Universidad del País Vasco fue “una decisión unilateral y directa de los docentes acusados y ninguno de ellos puso la existencia de los alumnos deportados en conocimiento de las autoridades académicas”, denunció la asistencia letrada de Voces Contra el Terrorismo.

Por parte del Ministerio Público, se mantuvo que los dos profesores cometieron un delito de prevaricación, denunciado por VCT, porque en vez de exámenes, “se realizaban una serie de pruebas sobre las que no existía ninguna garantía de autoría”. La decisión de los dos profesores fue, a juicio de la Fiscalía, “una actuación arbitraria y contraria a Derecho”.

La defensa de los profesores encausados llegó a manifestar que “si en lugar de dos miembros presuntamente vinculados a ETA, estuviésemos hablando de dos misioneros en el corazón de África y en la selva amazónica, no estaríamos hoy aquí”. Una comparación que causó la indignación de Voces Contra el Terrorismo, que entiende que un misionero “no es comparable con dos asesinos en serie pertenecientes a la banda terrorista más sanguinaria de Europa”.