Las víctimas del terrorismo manifiestan su rechazo a la condecoración de dos magistrados del Tribunal Constitucional responsables de que Bildu esté en las Instituciones, y exigen al Gobierno su retirada.

Madrid, 6 de marzo de 2013.- El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 9 de marzo la concesión de la Medalla al Mérito Constitucional a los magistrados del Tribunal Constitucional, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Dichas condecoraciónes han provocado la indignación de la asociación Voces Contra el Terrorismo, que recuerda que ambos magistrados, junto a otros cuatro miembros del TC, son responsables de que Bildu esté presente en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra.

Cabe recordar que cinco magistrados del Tribunal Constitucional partidarios de prohibir que Bildu concurriera a las elecciones del 22 de mayo sostuvieron que este órgano se había extralimitado en sus funciones  al volver a evaluar las pruebas que ya había analizado el Tribunal Supremo.

A juicio del presidente de VCT, Francisco José Alcaraz, “estas condecoraciones forman parte de una decisión política enmarcada en el proceso de negociación del Gobierno de Zapatero con ETA, lo cual nos parece una humillación a las víctimas del terrorismo y un insulto a todos los españoles”. Alcaraz recuerda que con el Gobierno de Zapatero “también hubo condecoraciones bochornosas como las concedidas a los responsables de las nefastas investigaciones del 11-M, así como el ascenso de los implicados en el caso Faisán”.

Alcaraz señala que “mientras ayer conocíamos la noticia de que las marcas blancas de ETA financian a los abogados de terroristas, como Inés del Río, con los fondos públicos que reciben las formaciones políticas, hoy nos enteramos de que el Gobierno premia a los responsables que han favorecido esa situación deleznable”. El presidente de VCT califica de “inadmisibles” las condecoraciones y, por ello, exige su retirada.

Para Voces Contra el Terrorismo, “gestos como este evidencian la nula voluntad del Gobierno en ilegalizar el brazo político de la banda terrorista ETA, muy al contrario de lo que predicaba el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en campaña electoral”.