La decisión de la Audiencia Nacional de no admitir la personificación de los abogados de Voces Contra el Terrorismo en el caso del “chivatazo a ETA” es un palo más en la rueda de quienes de forma independiente pretendemos esclarecer los graves hechos relacionados con el caso del bar el faisán.

La actitud de la fiscalía, la AVT (Ángeles Pedraza) la asociación Dignidad y Justicia ( Daniel Portero) oponiéndose a que los abogados que representa VCT estén personados en el chivatazo a ETA e incluso exigiendo que se le cobre 4.000 euros de fianza a nuestra asociación en caso de haberse aceptado la personificación, es una estrategia indigna, especialmente viniendo de quienes dicen defender los intereses de las víctimas del terrorismo.

La actitud de la dirección de la AVT y de la de Dignidad y Justicia evidencia de nuevo el cambio de rumbo de la primera y la continuidad de una actitud mezquina de Dignidad y Justicia quien durante la legislatura anterior, estando vigente el proceso de negociación, se posicionó contra la Rebelión Cívica y siempre estuvo al lado de la estrategia del Gobierno y del Alto Comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, para desacreditar y desactivar la labor que llevaba a cabo la junta directiva de la AVT presidida por Francisco José Alcaraz.

El caso del “chivatazo a ETA” es uno de
los episodios más graves que se han dado en democracia en el campo de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la actitud pasiva de algunos en lo que toca a la denuncia pública y a la exigencia de todas las responsabilidades derivadas del caso, está contribuyendo a que el Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, disponga de todo el margen de maniobra necesario para recompensar a quienes de forma directa o indirecta hayan tenido algo que ver con este caso.

Quienes contribuyen a esa estrategia vetando a una asociación de víctimas del terrorismo en un caso como el del Bar Faisán, están sirviendo a los intereses de este Gobierno, contribuyendo a la estrategia de apaciguamiento de la sociedad y anteponiendo intereses espurios a la defensa de las víctimas. El único camino defendible es exigir todas y cada una de las responsabilidades penales y políticas que conlleva una alta traición como es el chivatazo a ETA.

Los que piensen que esta maniobra y otras a las que estamos siendo sometidos pueden resultarles efectivas para acallar nuestras voces, tienen que perder toda esperanza, pues la experiencia vivida durante el proceso de negociación, lejos de amilanarnos, ha servido para hacernos más fuertes ante las adversidades. Y aunque de nuevo desde el Gobierno y desde quienes representan a víctimas, como es el caso de la AVT y Dignidad y Justicia, pretendan seguir entorpeciendo las iniciativas judiciales de Voces Contra el Terrorismo, lo único que podrán obtener es éxitos parciales en algunos casos, como ha sucedido ahora al excluirnos de la investigación del chivatazo a ETA. Pero nunca podrán paralizar la denuncia pública de este caso y de todas las demás cesiones, porque seguiremos exigiendo las pertinentes responsabilidades políticas que se deriven de cada concesión que se haga a la banda de asesinos de ETA.