Voces Contra el Terrorismo denuncia que el Estado podría verse obligado a abonar alrededor de dos millones de euros a decenas de etarras, y a excarcelar a más de 60 asesinos de ETA si el TDH de Estrasburgo decide derogar la “doctrina Parot”.

REDACCIÓN VCT.- Según se ha podido conocer estos días a través de los medios de comunicación, la previsible sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contraria a la “doctrina Parot” podría abrir la puerta a indemnizaciones millonarias a miembros de ETA, además de 60 excarcelaciones de presos etarras, entre los que se incluyen asesinos que sólo han incumplido un año o dos de sus penas.

Si el abanico se ampliara a otro tipo de terroristas, violadores, pederastas o narcotraficantes, el desembolso se dispararía a cifras muy superiores, incalculables en este momento; un disparate que “sobrepasa los esperpéntico”, a juicio del presidente de Voces Contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, que considera “una humillación total y absoluta para las víctimas del terrorismo y para todos los españoles”. Las cuantiosas indemnizaciones que podrían reclamar los terroristas “son un atropello deleznable, no sólo por el menosprecio que supone para las víctimas, sino además por el contexto de crisis económica en la que nos encontramos, con desahucios y embargos diarios que afectan, cada vez más, a la población española”.

La única sentencia que concibe Voces Contra el Terrorismo y su presidente, Francisco José Alcaraz, “es el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas y el esclarecimiento de los más de 300 casos abiertos de terrorismo”. Entre los terroristas que podrían ser excarcelados si prospera la derogación de la “doctrina Parot”, figuran la sanguinaria Inés del Río, el conocido etarra Troitiño, Santiago Arróspide, Sarasola Santi Potros, Domingo Troitiño, Antonio López, Kuiz Kubatti, Iñaki Arakama, Medía Makario, Pedro José Etxeberría Lete o el propio Henri Parot.

Voces Contra el Terrorismo recuerda que España no está obligada a ejecutar necesariamente la sentencia que dicte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, señala que son varias las sentencias del TEDH que nunca han llegado a ejecutarse, de forma parcial o en su totalidad, en España. Dichas sentencias han quedado en un mero “reconocimiento moral”, debido a que España nunca ha transferido su soberanía en el campo judicial, según recordaba recientemente el Catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruiz Miguel.