El presidente de Voces Contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, pide al juez del caso Bolinaga medidas contundentes ante la negativa del terrorista de someterse a nuevas pruebas médicas para analizar la evolución de su estado de salud, y responsabiliza al Gobierno de su puesta en libertad.
REDACCIÓN VCT.- La defensa del terrorista Uribetxeberría Bolinaga ha recurrido la decisión del juez José Luis Castro de someterle a un nuevo examen médico que sería elaborado por dos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional para analizar la evolución del estado de salud del etarra. Bolinaga fue excarcelado por un supuesto cáncer terminal con una esperanza de vida de nueves meses que ha superado con creces.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha afirmado que “no se puede tolerar” que Bolinaga continúe en libertad por padecer un cáncer terminal y rechace someterse a nuevas pruebas por parte de los forenses de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la asociación Voces Contra el Terrorismo considera que el Gobierno “es el responsable de la libertad de Bolinaga por el beneplácito del Ministerio de Interior a su excarcelación cuando alegó una esperanza de vida de pocos meses” y recuerda que fue Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio, “quien concedió el tercer grado al terrorista”.
Alcaraz afirma que “el Ejecutivo de Mariano Rajoy podía haber impedido la puesta en libertad de Bolinaga que ha supuesto una burla a las víctimas del terrorismo y una humillación para nuestros familiares”. La negativa del etarra Bolinaga de someterse a nuevas pruebas médicas para verificar su diagnóstico inicial es “una prueba más del engaño al que sigue sometiendo a los españoles este asesino sobre su estado de salud” asevera Alcaraz.
El desafío de Uribetxeberría Bolina “es intolerable” a juicio de Alcaraz y pide al juez encargado del caso, José Luis Castro, “tomar medidas cautelares para impedir que siga riéndose de las víctimas del terrorismo y de todos los españoles”.
El presidente de VCT advierte al Gobierno que seguirá muy vigilante “ante cualquier cesión penitenciaria que se produzca por parte del Ministerio de Interior” y recuerda que el caso Bolinaga “no es el único que este Gobierno ha permitido”, en referencia a permisos penitenciarios y acercamientos concedidos en los últimos meses.
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